Como ya lo habíamos mencionado en nuestro post pasado, «Chacha» es una palabra que se utiliza para referirse a una empleada del hogar. El primer registro del uso de esta palabra está en nuestro país, podemos entender que desde que existe el término, pareciera que no se ha tenido la intención de entender que las “chachas” no son “esclavas” sino trabajadoras (y, por lo tanto, sujetos legítimos de los derechos laborales).

Según datos recabados por la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar, el salario promedio que reciben estas personas oscila entre 2 mil 501 y 5 mil 500 pesos al mes. Es decir, poco más del salario mínimo establecido para México en 2018, que es de 2 mil 686 pesos mensuales. A esta condición precaria, hay que sumarle que normalmente estas trabajadoras no tienen seguridad social ni prestaciones (es decir, sus patrones no se hacen responsables de sus obligaciones como patrón). Sólo el 17% tiene acceso al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 41% acude al Centro de Salud pública y el 21% paga consultas particulares en farmacias o establecimientos de bajo costo. Tampoco tienen prestaciones como vacaciones o aguinaldos, ni pueden acceder a préstamos para trabajadores. No pueden jubilarse ni pensionarse, dado que nadie lleva cuenta de su antigüedad laboral.

Pero, las excluye del derecho a la vivienda, reinstalación laboral, seguridad social, o negociación colectiva, y según la Ley General de Salud sólo pueden estar inscritas en el régimen voluntario, y cubrir sus propias cuotas obrero- patronales. No tienen derecho a guardería ni prestaciones sociales, como la pensión.

No importa si se trata de mujeres o de hombres, nadie tiene la obligación de brindar estos servicios de forma gratuita. Todas las actividades requieren la inversión de una energía vital para modificar el entorno y, por tanto, es un trabajo. Por lo que nosotros como empleadores debemos considerar si estamos pagando lo justo, si estamos valorando el trabajo que hacen en nuestro hogar y le damos ese lugar de trabajo formal al empleo de las trabajadoras domésticas, pues la mayoría empezaron a trabajar entre los 10 y 15 años por necesidad, y es hora de cuestionarnos si quienes trabajan para nosotros ganan lo justo.